Como ya es costumbre cada año en el Encuentro de Periodismo de Investigación se dio un espacio destacado a los mejores trabajos periodísticos e investigaciones realizados por asociados de Consejo de Redacción, los cuales fueron seleccionados mediante convocatoria abierta

Las periodistas y asociadas de CdR, Ana María Saavedra (El País de Cali), Laura Sánchez (La Patria de Manizales), Ivonne Rodríguez (Verdad Abierta) y Juliana Castellanos (Politécnico Grancolombiano) presentaron cuatro investigaciones, su proceso de realización, así como las principales enseñanzas y retos de cada una.

​

El mapa de la muerte

Ana María Saavedra, de El País de Cali, presentó la investigación “El mapa de la muerte”, un informe especial publicado en 2016 que hace la radiografía y el análisis, por medio del periodismo de datos, de 26 mil homicidios en la capital del Valle del Cauca, que se dieron entre los años 2001 y el 2015.

Para hacer este informe especial los periodistas de El País se basaron en las estadísticas del Observatorio Social de la Alcaldía de Cali y las cifras sobre presupuestos de inversión en seguridad, entregadas por el Concejo de Cali.

Saavedra explicó la forma en que convirtieron esta información en un producto periodístico en el que se cruzaron los presupuesto en seguridad con los asesinatos registrados y que buscó darle un rostro a las víctimas en la ciudad. De esta manera, visualizaron los homicidios por comunas y la inversión realizada por la administraciones locales en el periodo de 15 años.

Para la versión multimedia del especial se usaron herramientas como CartoDB, para hacer los mapas de los barrios donde se registraron homicidios, gráficos con la aplicación Infogr.am y con Storymaps, historias de los homicidios con puntos georefenciados de Cali.

Así mismo, se hizo por primera vez en el medio un video de 360º y se contaron las historias de víctimas entre 16 y 25 años, que son el grupo por edad más asesinado.

Vea la investigación aquí:

• El mapa de la muerte.

​

Cupos Andrés Bello, malestar en la Universidad de Caldas

La segunda investigación regional que se presentó en la mesa regional del X Encuentro, realizada por La Patria de Manizales, fue sobre educación y las irregularidades en el sistema de admisiones de la Universidad de Caldas. Los periodistas de este medio investigaron sobre los bachilleres que recibieron la distinción “Andrés Bello” (estímulo a los mejores estudiantes de secundaria) entre los años 2013 y 2016.

Laura Sánchez, periodista de La Patria, contó cómo se hizo este trabajo a partir del análisis de datos y estadísticas del Ministerio de Educación, el ICFES y la Universidad de Caldas, información que fue verificada también con miembros de la comunidad universitaria.

Así, en una serie de informes de la Patria sobre este tema, se hicieron varias revelaciones. Entre ellas, que se estaban falsificando la distinción “Andrés Bello” y que había una red que vendió cupos entre 10 y 15 millones de pesos, cada uno, para carreras como medicina, derecha, enfermería y geología.

Luego, por verificaciones del Ministerio de Educación, se constató que 27 de 28 estudiantes admitidos a diferentes carreras de la U. de Caldas, no tenían la distinción. A todas estas personas les fue revocada la matrícula y se las otorgaron a personas que estaban en lista de espera.

Vea los informes:

• Más cupos Andrés Bello, malestar en U. de Caldas.
• U. de Caldas investiga las Andrés Bello de Medicina
• De 28 que pasaron con Andrés Bello, solo uno es legal: MEN

​

“Los cuestionamientos a bananeros detrás del No”

Esta investigación, publicada en el medio Verdad Abierta, fue presentada por la periodista Ivonne Rodríguez. Su tema central fue la financiación de las campañas por el No en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. En ella se encontró que varios promotores de la campaña de oposición son empresarios antioqueños señalados por exparamilitares de haberlos financiado.

Así mismo, el trabajo periodístico reveló que varias empresas y particulares que donaron dineros a la campaña que promovió el No tendrían relación con la guerra que se vivió en la región del Urabá antioqueño en los años noventa y la ocupación de tierras reclamadas por víctimas de esa zona del país.

Uno de los datos disparadores de esta investigación fue la entrevista que concedió al Diario La República el gerente de la campaña promotora del No, Juan Carlos Vélez, publicada el 5 de octubre de 2016. En ésta, Vélez admitió que recurrieron a una estrategia de miedo y desinformación para que la gente votara por el No en el plebiscito.

“Cuando vimos esa publicación, pensamos ¿cómo no se ocurrió antes pedir la lista de financiadores del No?”, dijo Rodríguez. Luego con la listas de los que financiaron esa campaña, los periodistas revisaron las bases de datos de las Cámaras de Comercio y del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a los representantes y miembros de las juntas directivas de las empresas y buscar si tenían alguna relación con el conflicto armado.

Entre los hallazgos de la investigación están varias empresas bananeras, involucradas en el conflicto armado, que apoyaron campaña del No, así como personas que aparecen en sentencias del proceso de Justicia y Paz, que han sido señaladas, por ejemplo, por ex paramilitares del “Bloque bananero” de las AUC de despojo de tierras.

Vea la investigación completa:

• Los cuestionamientos a bananeros detrás del No

​

La guerra va a a la escuela

Juliana Castellanos, directora de la unidad investigativa de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, presentó el trabajo periodístico “La guerra va a la escuela”, el cual nació desde la academia y que buscó responder la pregunta ¿cuál es el impacto social del conflicto armado en la educación básica y media en Colombia?

De acuerdo con la investigación “entre el primero de enero de 1984 y el primero de diciembre de 2015 se cuentan, aproximadamente, 1.901.011  personas que vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Según información de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del número expuesto, 4.737 menores debieron distanciarse de las aulas porque fueron reclutados en las filas de grupos al margen de la ley”.

Para hacer este trabajo los investigadores del Politécnico Grancolombiano realizaron el análisis de datos abiertos del gobierno nacional, entre los años 2000 y 2015, y de la información obtenida a través de derechos de petición, entrevistas a fuentes, y también los resultados de talleres con menores desvinculados de las Farc.

Como resultado se hicieron dos entregas que analizan los costos para el restablecimiento del derecho a la educación de las víctimas del conflicto, las cifras de menores de edad vinculados con actividades de grupos armados ilegales, las víctimas del conflicto armado en edad escolar y el número de maestros afectados por el conflicto durante 15 años de conflicto, entre otros efectos de la guerra en la educación.

Vea la investigación completa:

• La guerra va a la escuela: Introducción.
• La guerra va a la escuela II